viernes, 21 de abril de 2017

EDITORIAL

NOTA DE TAPA

LA SALUD AMBIENTAL EN JAQUE

Escribe: Lic. MÓNICA RODRIGUEZ


A lo largo y a lo ancho del país se está viviendo una verdadera pesadilla. Pueblos enteros sepultados bajo las aguas y el lodo, millones de hectáreas productivas anegadas.
Y lo que para muchos es motivo de asombro, para los especialistas no es ninguna sorpresa. Un estudio del Banco Mundial publicado en mayo de 2016 ya advertía que las inundaciones “son el mayor desastre natural que amenaza a Argentina, y representan el 60% de los desastres naturales y el 95% de los daños económicos”.
Creer que esto está producido solo por el cambio climático es un error. Hay otras variables que tienen inclusive una incidencia mayor y más dinámica: la falta de previsión y planificación en el voraz desarrollo urbanístico, la destrucción de bosques y de suelos absorbentes y de calidad, un modelo sojero atado pura y exclusivamente a los agronegocios y al extractivismo, la obstrucción de sistemas de escurrimiento natural, el uso excesivo de agroquímicos, la falta de obras de infraestructura postergadas durante décadas y décadas sumado a deficientes tareas de mantenimiento son algunas de las causales que están poniendo en jaque la salud ambiental del país.
El Informe del Banco Mundial reconoce que el volumen de lluvias creció 20% entre 1961 y 2010, habiendo aumentado también la frecuencia de eventos con mucha caída de agua en un breve período de tiempo, y esto hace que sea "más probable que las precipitaciones repentinas e intensas causen más inundaciones que la lluvia constante de baja intensidad". Al mismo tiempo, las proyecciones sugieren que el país en su totalidad experimentará un incremento en las temperaturas medias, y las regiones Norte y Central un incremento en precipitaciones y temperaturas.
Dicho esto, el documento señala el mal uso del suelo y la explotación agrícola en nuestro país: "Entre 2001 y 2014, la Argentina perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que equivale a perder un bosque del tamaño de un campo de fútbol cada minuto, y se compara con una pérdida de cubierta forestal del 7,4% en Brasil y de 6,3% en el mundo. Durante ese mismo período, la Argentina se posicionó novena en la pérdida de cubierta forestal a escala global, y en la provincia de Santiago del Estero se dieron los mayores niveles de desmonte en el mundo. Casi toda la deforestación (93%) ocurrió en el norte del país”.
En la misma línea un informe de Geenpeace denuncia que tan solo en “el 2016 se desmontó ilegalmente un territorio equivalente a dos Ciudades Autónomas de Buenos Aires. Se deforestaron 40 mil hectáreas de bosque protegido. Sojización y ganadería intensiva entre las actividades responsables."

Las consecuencias de todo esto se sienten de manera dramática. La investigación del B.M. detalla: “Sólo en la provincia de Buenos Aires en 2015 las precipitaciones afectaron 800.000 hectáreas y se perdieron casi 6000 cabezas de ganado, lo que implicó una pérdida de 652 millones de dólares”.
En enero de 2017 las intensas lluvias colapsaron la zona norte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe tuvo que declarar la emergencia agropecuaria. Miles de evacuados, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y pueblos enteros dedicados a la lechería quebrados.
En lo que va del año los eventos hídricos continuaron y hoy ya hay un millón y medio de hectáreas productivas afectadas y cientos de cascos urbanos padecen las consecuencias del avance del agua.
Por estos días también conmueve la catástrofe natural que está viviendo Chubut con daños devastadores en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El desastre ambiental llevó al Gobierno a prometer un plan de obras que implicará una inversión de $1.000 millones destinados a prevenir futuras inundaciones principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe.

Inundaciones urbanas
Es sabido que la ciudad de Buenos Aires es especialmente vulnerable a los anegamientos. Está ubicada en la zona inundable y baja de la región pampeana, históricamente repleta de pequeños ríos y arroyos (Maldonado, Medrano, Vega, Ochoa, Elía, Erézcano, Cildañez, Larrazábal, Escalada y La Boca-Barracas) que desembocan en la cuenca del Río de la Plata. A través del tiempo, muchos sistemas de escurrimiento natural han sido cubiertos o entubados y ha habido numerosos trasvasamientos de cuenca. La combinación de anegamientos urbanos e inundaciones ribereñas incrementa los diversos riesgos. A ello debe sumarse que se construyeron más de 200 desarrollos urbanísticos en las planicies aluviales del Delta del Paraná, cerca de Buenos Aires. Estas construcciones limitan el escurrimiento natural del agua que podría amortiguar el impacto de las inundaciones, aumentando así el riesgo de anegamientos urbanos en el área metropolitana.
Los drenajes, sistemas de almacenamiento del agua y medidas no estructurales son formas menos costosas de gestionar los anegamientos urbanos. Las medidas que logran aumentar la permeabilidad de la superficie han mostrado ser muy eficaces en prevenir los anegamientos urbanos. Las áreas verdes, pavimentos permeables o sistemas de drenaje pueden lograr dicha permeabilidad e idealmente pueden crear un ambiente tan absorbente como antes de la urbanización. Por otro lado, las barreras artificiales tienen la desventaja de darle a la población una sensación falsa de seguridad. Además, el agua no se absorbe, meramente se transfiere a las comunidades aguas abajo. Las denominadas medidas no estructurales abarcan la planificación y gestión de emergencia, planificación obligatoria del uso de tierras para evitar los asentamientos en áreas inundables, y mayor preparación a través de campañas de concientización.
En este sentido la ciudad cuenta con un Plan Director de Ordenamiento Hidráulico (PDOH) preparado en 2004 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (resultado de la ley 93, sancionada en 1998) que concibió una importante planificación integral de protección contra las inundaciones sobre la base de las mejores prácticas en gestión de riegos de inundación. El PDOH tiene un enfoque de cuenca y detalla una serie de medidas estructurales y no estructurales que se centran en: (a) coordinación interagencial; (b) planificación urbana; (c) manejo de espacios verdes; (d) infraestructura verde y resistente, con capacidad de recuperación; (e) sistema hidrometeorológico de pronóstico y alerta; (f) planes de emergencia; y (g) inversiones en infraestructura como, por ejemplo, sistemas de drenaje primario y secundario, estaciones de bombeo, y áreas de retención. En la práctica, este PDOH no se cumple en todas las dimensiones previstas.

Para los vecinos de la Comuna 11 aún está fresco en nuestra retina el recuerdo de aquel 2 de abril de 2013 cuando porteños y bonaerenses sufrimos los avatares de una significativa tormenta que dejó en la capital argentina y en la ciudad de La Plata consecuencias gravísimas que se contaron en pérdida de vidas humanas, pérdidas materiales y una emergencia sanitaria que con el correr de los días se fue agravando.
Si bien en la ciudad de Buenos Aires se registró una tormenta intensa, según los registros pluviográficos del Servicio Meteorológico Nacional, que permiten medir la intensidad de las precipitaciones, ese evento ocupó el sexto lugar en intensidad desde 1990. En 2013 llovieron en promedio 53,9 milímetros por hora, mientras la tormenta más severa fue en enero de 2001, con 98 mm/h.
Particularmente en la Comuna 11 la tormenta pegó con toda su furia. Barrios como Santa Rita, parte de Devoto y Villa del Parque sufrieron inundaciones de hasta más de un metro de altura, con autos llevados por verdaderos ríos y agua que entraba a las casas por doquier para causar verdaderos estragos. A ello se sumó un apagón generalizado que se prolongó durante semanas.
En ese momento ni el Gobierno de la Ciudad ni el comunal estuvieron preparados para responder con la celeridad necesaria en la emergencia y aunque se hicieron cargo de entregar unos 5.200 subsidios, ni por lejos cubrieron las pérdidas individuales.
Un trabajo de investigación de docentes de FAUBA realizado en aquel momento apuntó que… “en las décadas del 40 y 50, cuando fueron diseñadas gran parte de las obras de Buenos Aires, la ciudad tenía una relación de escurrimiento e infiltración cercana al 50%. Hoy, esa relación cayó a 10%, porque desaparecieron muchos espacios verdes y el terreno fue cubriéndose con concreto, que no absorbe el agua”. Y concluía diciendo… "Por eso pensamos que la adaptación al cambio climático comienza por la implementación de políticas al respecto y un plan de contingencia”.

Otro punto no menor para nuestra ciudad son los anegamientos que ocurren en la ribera cuando llueve más de 30 mm en una hora, afecta a más de 90.000 personas de bajos recursos que viven en asentamientos ubicados sobre la margen del Riachuelo, en viviendas deficitarias sin agua segura ni servicios sanitarios.
Si bien está vigente el Plan de Saneamiento de la Cuenca y hay una manda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires mejorar las condiciones ambientales del borde costero, promover el saneamiento del curso del agua con la revegetación y retirar los asentamientos de estas zonas inundables, los objetivos están lejos de cumplirse. En el 2010 la justicia determinó que la ciudad debía relocalizar 2.400 viviendas, a la fecha lleva trasladadas tan solo 630 familias.
Los desafíos no son menores.

Lo llamativo todo esto es que el informe del B.M. consigna en uno de sus cuadros que la "percepción del público" es que tanto las inundaciones ribereñas como urbanas "no son considerados un problema ambiental importante para la Argentina".

En estos días el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está proponiendo y sometiendo a debate público el nuevo Código Urbanístico que también tendrá su correlato en un Código de Edificación que reemplazará al actual y que se ajustan a la intención de los gobernantes de que nuestra ciudad pase a duplicar la población actual. De ese modo los nuevos códigos permitirían aumentar en 200.000.000 los metros cuadrados construidos.
Y uno se pregunta, cómo se hace esto sin antes haber realizado la actualización del Plan Urbano Ambiental (en cumplimiento del art.15 de la Ley 71), la aprobación del Código Ambiental ordenado por el Plan Urbano Ambiental (art.24, inc. “b” de la Ley Nº 2.930), la actualización del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en cumplimiento del art. 8 de la Ley Nº3871. El Plan ha sido presentado pero no ha sido puesto a consulta. Aprobación del Modelo Territorial para la ciudad y la aprobación del Plan Integral de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo en cumplimiento de sentencias dictadas en el marco de la causa “Mendoza”.

Parece que siguen poniendo el “la carreta delante de los bueyes”.

¿Usted qué opina?

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